Al 25 de septiembre, centenares de víctimas y organizaciones de seis de diez regiones del país habían participado en las audiencias convocadas dentro del trámite del proyecto de ley conocido como Estatuto de Víctimas, ya que busca armonizar la legislación existente sobre estas, establecer dentro de su universo al conjunto de víctimas y avanzar en temas centrales para la satisfacción de sus derechos, en particular el derecho a la reparación integral. En promedio, cada una de estas audiencias ha movilizado a 400 personas.

En las audiencias, las víctimas han tomado la palabra para reclamar trato digno; reconocimiento de su calidad; apoyo en la búsqueda del paradero de sus seres queridos; atención y acompañamiento sicosocial, de rehabilitación física y económico; un trato que atienda las diferencias culturales, étnicas, de edades y de género; procedimientos sencillos; asesoría jurídica; mecanismos que generen información adecuada para identificar al titular o poseedor de la tierra; mecanismos que permitan su accesibilidad a derechos; seguimiento y monitoreo a las normas promulgadas para garantizar sus derechos, entre las principales propuestas.

Durante las audiencias, senadores y representantes a la Cámara –quienes presiden este espacio por hacer parte del trámite de esta iniciativa de origen parlamentario- han dado el micrófono a por lo menos 60 víctimas y/o sus representantes, la mayoría de estos provenientes de zonas rurales. Con el fin de que haya una aproximación colectiva e informada al texto legislativo, el proceso deliberativo ha previsto la realización de talleres pedagógicos previos a cada audiencia. Este es un ejercicio de diálogo entre la institucionalidad y víctimas y organizaciones que ha abierto la participación a sectores que tradicionalmente no han sido escuchados y que ha propiciado un acompañamiento con enfoque regional.

El proceso deliberativo –talleres y audiencias congresionales- se ha cumplido así:

. Antioquia y Eje Cafetero (sede Medellín), 14 y 15 de agosto.
. Meta y Guaviare (sede Villavicencio), 21 y 22 de agosto.
. Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo (sede Pitalito), 28 y 29 de agosto.
. Montes de María (sede Sincelejo), 4 y 5 de septiembre.
. Región Caribe (sede Valledupar), 11 y 12 de septiembre.
. Nariño, Valle y Cauca (sede Pasto), 18 y 19 de septiembre.

El proceso deliberativo público, amplio y plural sobre el proyecto de ley promovido en el interés de que las propuestas de víctimas y organizaciones incidan en el trámite legislativo que se cumple en el Congreso de la República (ha sido aprobado por el Senado y pasó a Cámara) es apoyado por sectores de la sociedad civil colombiana (Fundación Social y Viva la Ciudadanía, entre las principales), la comunidad internacional (Suecia, España y Canadá, de forma decidida) y organismos internacionales (entre los que se cuentan ICTJ y las agencias del Sistema de Naciones Unidas PNUD, UNIFEM, ACNUR, OACNUDH y OCHA).

En particular, las seis audiencias que han tenido lugar han sido lideradas en las regiones por el programa Reconciliación y Desarrollo REDES del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, que recibe el auspicio de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ACCD) y y la Agencia Presidencial Acción Social.

En el marco del proceso, en lo que resta de este mes y octubre se realizarán las siguientes audiencias (precedidas de talleres):

. Chocó (sede Quibdó), 25 y 26 de septiembre.
. Norte de Santander y Arauca (sede Cúcuta), 2 y 3 de octubre.
. Santander y Magdalena Medio (sede Barrancabermeja), 9 y 10 de octubre.
. Cundinamarca, Boyacá y Casanare (sede Tunja), 16 y 17 de octubre.

Como cierre del proceso deliberativo, está prevista una audiencia nacional en el Congreso de la República, en Bogotá (Capitolio Nacional), 30 de octubre.

Esta audiencia celebrada en el marco del proceso deliberativo de las víctimas y sus organizaciones alrededor del Estatuto de Víctimas que se tramita en el Congreso de la República abrió la participación regional y el diálogo entre institucionalidad y sectores de la sociedad civil que tradicionalmente no han sido escuchados. Asistieron alrededor de 300 personas de los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío e intervinieron por parte de estas más de 60 víctimas y organizaciones. Sus propuestas estuvieron orientadas a un trato digno por parte de quienes tienen que hacerles seguimiento a sus reclamaciones; indemnizaciones acordes al daño causado y que no sean entregadas a plazos; mecanismos de seguimiento a las normas que les favorezcan y que estas mantengan y amplien los beneficios ya alcanzados en otras legislaciones, como los contemplados para las personas en condición de desplazamiento.

La institucionalidad en esta parte del país estuvo representada por nueve congresistas (2 senadores y 7 representantes a la Cámara); y voceros del Ministerio del Interior y de Justicia, Gobernación y Asamblea Departamental de Antioquia, Personería de Medellín, Defensoría, Procuraduría, Acción Social y Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Esta región del país viene cumpliendo un proceso de fortalecimiento de los sectores de víctimas, por lo que también pidieron mayor reconocimiento de la legitimidad del trabajo de sus organizaciones y apoyo a su causa organizativa.

Durante la audiencia pública celebrada para esta región del país, las víctimas y sus organizaciones pidieron que haya un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las violaciones de los derechos humanos, bien sea por acción o por omisión, y, por consiguiente, la necesidad de garantizar su deber de reparar. En cambio, solicitaron mayor reconocimiento de la legitimidad de las organizaciones de víctimas y de sus líderes en la reconciliación nacional. En sus intervenciones, también pidieron la inclusión de un mecanismo de seguimiento al Estatuto que permita la participación de las víctimas y de actores independientes a quienes tienen que aplicar las normas; que haya enfoque diferenciado de carácter transversal para los menores y para las mujeres, entre otras propuestas.

El diálogo entre institucionalidad y sectores de la sociedad civil metense y guaviarense se cumplió en Villavicencio y a este acudieron alrededor de 500 personas, entre víctimas, organizaciones, instituciones y observadores internacionales. Por parte de la institucionalidad, estuvieron cuatro representantes a la Cámara y voceros del Ministerio del Interior y de Justicia, Gobernación del Meta, Alcaldía y Personería de Villavicencio, Defensoría, Procuraduría, Fiscalía y Acción Social.

Pitalito, sede de la audiencia pública de la región, es el municipio huilense más accesible en términos de distancia geográfica para estos tres departamentos. Así, el 29 de agosto convocó a 260 personas, 150 de ellas delegadas (en grupos de 50) del Huila, Caquetá y Putumayo. Las víctimas y sus organizaciones pidieron un trato con dignidad y apego a los estándares internacionales a la hora de velar por la garantía de los derechos establecidos para estas. Los escucharon 5 congresistas (2 senadores y 3 representantes a la Cámara), portavoces del Ministerio del Interior y de Justicia, de la Gobernación y de la Personería del Huila, de la Alcaldía de Pitalito, de la Defensoría, Procuraduría, Fiscalía y Acción Social.

En esta región del país, las mujeres vienen buscando un camino de articulación (el 80 por ciento de los asistentes al taller preparatorio fueron mujeres), aunque su nivel de escolaridad y el hecho de que provengan de los sectores vulnerables hace que la comprensión del texto legislativo se dificulte y su capacidad de propuesta requiera ser fortalecida. Este proceso de deliberación de víctimas y sus organizaciones abrió un espacio para socializar casos particulares y, a partir de estas especificidades, valorar los procesos de organización y trabajo conjunto para lograr beneficios en su calidad de víctimas.

En Sincelejo, con su propia voz niños y niñas les dijeron a los seis congresistas presentes (2 senadores y 4 representantes a la Cámara) y a los portavoces del Ministerio del Interior y de Justicia, Defensoría, Procuraduría, Fiscalía, CNRR, Gobernación de Sucre y Alcaldía de Sincelejo que saben lo que es la violencia, porque la han padecido. Les pidieron a los adultos ser responsables con su atención y con su destino. Pidieron acompañamiento sicosocial para ellos y ellas y techo y empleo para sus papás y mamás. Alrededor de 500 personas provenientes de las zonas rurales de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar los escucharon con atención. Fueron los primeros en hablar en una audiencia en la que tomaron la palabra más de 60 personas. Al final de su intervención, entregaron lo que el día anterior habían construido con sus manos, durante el taller preparatorio a la audiencia: dibujos y carpetas.

Luego de estos niños y niñas, vinieron las mamás, agrupadas en 'Narrar para Vivir'. Pidieron valorar su proceso organizativo para que la ley le dé un puesto protagónico a las mujeres, porque han sido violentadas y agredidas como madres, esposas, hijas, pero, principalmente, como mujeres. Luego vinieron los hombres, varios de quienes intervinieron pidieron que se les garantice la restitución de su tierra y de su vivienda; un trato de respeto; respuesta a sus reclamaciones... una oportunidad para vivir.

Una de las características de la audiencia en la Costa Caribe, que agrupó a más de 800 personas provenientes de ocho departamentos, fue la convocatoria realizada por la Gobernación del Cesar para propiciar este espacio (la sede de la audiencia fue Valledupar), que invitó a la Defensoría del Pueblo y a los organismos internacionales a hacer una sola causa junto con la institucionalidad local para fortalecer la defensoría pública de atención a las víctimas de la violencia mediante la creación de un fondo departamental que tenga como eje la reparación a las víctimas.

En el Caribe, la participación de las víctimas y organizaciones, en la que tuvieron un papel importante los niños y las niñas, fue alrededor de la promoción y el apoyo al fortalecimiento de la organización de las víctimas para su incidencia; la reparación integral; el seguimiento y monitoreo al proceso de deliberación de la ley; y un trato de dignidad y respeto en sus reclamaciones.

Además de la Gobernación y Asamblea del Cesar, la institucionalidad también estuvo representada por 7 congresistas (2 senadores y 5 representantes a la Cámara); por representantes del Ministerio del Interior y de Justicia; Defensoría, Procuraduría, Fiscalía, Acción Social y CNRR, entre otras.

La audiencia pública realizada en Pasto convocó a cerca de 320 personas, entre las que se cuentan a voceros de 40 organizaciones regionales de Nariño, 25 del Valle y 23 del Cauca, además de los portavoces de Iniciativa de Mujeres por la Paz, Redepaz y Viva la Ciudadanía.

Fue un espacio en el que las víctimas y sus organizaciones presentaron diversas denuncias relacionadas con la forma como son atendidos sus reclamos y con las violaciones a los derechos humanos que sufren en la actualidad por cuenta del conflicto con grupos armados ilegales. Solicitaron atención sicosocial y económica más prolongada; reparación integral; seguimiento al trámite de esta iniciativa; memoria histórica con enfoque regional, entre las principales propuestas.

La institucionalidad estuvo representada por 9 congresistas (2 senadores y 7 representantes a la Cámara); por representantes del Ministerio del Interior y de Justicia; Gobernación (asesoría de paz); Defensoría del Pueblo; Procuraduría Regional; Fiscalía; Alcaldía de Pasto y CNRR.

BIBIANA MERCADO RIVERA
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